¡¡¡FUERA!!!… ¡¡¡EL FUERO!!! 4

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La palabra “fuero” se encuentra asociada con la idea general de privilegio o prerrogativa de que goza un determinado grupo social o persona.

Si bien es cierto que también ha tenido los significados de derecho local, de legislación específica y aun de competencia (como cuando se habla de fuero local o del federal), lo cierto es que hablar de “fuero” nos remite a un régimen especial de beneficios.

Así, por ejemplo, el artículo 13 constitucional señala que: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar…”. Esta es, en realidad, una competencia especializada para juzgar los delitos y faltas cometidas en contra la disciplina militar; por tanto, tal competencia corresponde a los tribunales militares en relación con los miembros de la milicia en el ejercicio estricto de sus funciones.

Por otra parte, bajo el concepto de “fuero constitucional”, existe una auténtica inmunidad procesal que otorga privilegios a determinados funcionarios públicos durante su encargo, por acusaciones surgidas de manera previa a la toma de investidura o que se formulen mientras ostente ésta.

Este es el caso, entre otros, de los diputados y senadores federales, secretarios de Estado o del consejero del Presidente, contra quienes no se puede proceder penalmente, durante el tiempo de su encargo, si no es con la previa declaración de procedencia (entiéndase aprobación) de la Cámara de Diputados (artículo 111 constitucional).

Esto ha incentivado que, por ejemplo, diputados, senadores o secretarios de Estado, terminado su encargo, busquen y encuentren otro que les siga otorgando inmunidad ad perpetuam, para no ser sujetos de imputación o de acusación penal y, con ello, quedar impunes.

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UNA LEY DE AMPARO… ¿MALA Y… AL SERVICIO DE LOS MALOS? (PRIMERA PARTE) 8

Un requisito de la ley es su permanencia.  Sin esta condición, sus destinatarios no sólo están a merced de los caprichos temporales del poder público en turno, sino también se encuentran sujetos a una absoluta inseguridad jurídica.

Destruir una ley buena y crear otra, producto de la improvisación, de las ocurrencias, o de los meros intereses creados, suele ser la mejor fórmula para socavar, desde sus cimientos, un pretendido o real  Estado de derecho.

¿A qué viene todo esto?

El 2 de abril de 2013, fue publicada la denominada “nueva Ley de Amparo”.  Se anunció con bombo y platillo el inicio de una nueva era para el proceso constitucional por excelencia. Las voces críticas en contra de sus numerosos defectos fueron severamente acalladas. En cambio, los foros para destacar sus virtudes se multiplicaron por todos lados. El “Canal Judicial” mexicano, se convirtió en un santuario para anunciar la buena nueva y para sumar alabanzas y loas al texto legal “de avanzada”.

Un sabio dicho sajón reza: “if it aint’n broke, don’t fix it” (Oxford Advanced Learner’s Dictionary: “used to say that if sth works well enough, it should not be changed”). Lo que de manera, no literal, sino por su contenido, significa: ¡no trates de arreglar lo que está funcionando!

La Ley anterior, con todos y sus necesarias adaptaciones, era funcional y operativa. La práctica lo había demostrado ampliamente. Pero esa no fue la visión del poder. Había que vender un producto nuevo, nacido desde el escritorio de la burocracia y de los gabinetes de “investigadores” ajenos al ejercicio profesional de este proceso constitucional. Además, dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo dos, con exclusión de los demás. Se arrogaron el derecho a decidir sobre los destinos de la nueva Ley.

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LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1

 

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Carrillo Chontkowsky, Susana, Los tribunales especializados en materia de intermediación financiera… la justicia pendiente, México, Ed. Porrúa 2016 (segunda edición), 343 pp.

El tema de la intermediación financiera, que de manera errónea y deficitaria se aborda en el derecho financiero, ha tenido un tratamiento escaso, a veces poco informado y las más veces superficial.

Es por ello, que la obra que ahora ponemos a consideración de lector tiene un gran valor, al ser de los pocos trabajos de la literatura nacional en la materia que transcurre desde la aparición del dinero, seguido del crédito y del consecuente interés.

Luego, se ocupa de un tema más específico. El de la necesidad de contar con un derecho de la intermediación financiera, ajeno y distinto al derecho financiero; con la precisión de que el derecho de la intermediación financiera no se agota con el derecho bancario, sino que lo comprende.

En un análisis riguroso y técnico (algunos dirían científico) del derecho de la intermediación financiera, la autora aborda la necesidad real y práctica de crear tribunales especializados, necesariamente de carácter federal, pues la materia misma lo es.

Hasta ahora ha sido muy poco eficaz, además de inconstitucional, la creación de juzgados de lo mercantil en diversas entidades de la República. El espectro general de los juzgadores federales que han conocido la materia, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en temas relevantes como el anatocismo o la usura, no ha sido mejor; francamente han quedado a deber. Y si a ello le agregamos una tímida respuesta, por decir lo menos, de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servidores Financieros (por su acrónimo CONDUSEF)… la desprotección hacia los clientes de la mencionada intermediación resulta más que evidente.

En estas circunstancias cobra especial relevancia la obra que nos ocupa. El tema de una inadecuada administración de justicia ha generado una notoria desprotección hacia un sector importante de la población. Sus efectos son visibles.

En fin. Habría mucho más que ponderar de la obra que, así sea brevemente, reseñamos. Sólo terminaríamos diciendo que está escrita con una claridad encomiable y concluye con un glosario que enriquece el trabajo y con un disco compacto que proporciona la regulación más relevante en cuanto a este tópico, disco por sí mismo útil, dada la dispersión y pocas sistematizaciones que existen actualmente respecto del régimen de la intermediación financiera.

FIN A LA CORRUPCIÓN… ¡¡¡POR DECRETO!!! (SÉPTIMA PARTE). UNA PROPUESTA… 3

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Es obvio, la corrupción no se puede abatir por decreto, por más que se reforme la Constitución y otras leyes, si no hay voluntad política para adoptar decisiones de fondo.

Recordamos en entregas anteriores que la corrupción es un fenómeno social que debe involucrar a todos los actores de ésta. También señalamos que si bien implica una cuestión cultural, del mismo modo es posible cambiarla por quienes hacen de ella su forma de vida.

Un modelo a nivel mundial, que también ya mencionamos, es Singapur. En la actualidad, Singapur ocupa el 8º lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción (conocido por muchos como el índice de índices), mientras que México se debate por allá del lugar 95.

En los años 50 del siglo XX, Singapur presentaba un esquema muy similar al actual mexicano (y de muchos países del orbe): sumido en la corrupción, con una intensa presencia de la delincuencia organizada, tráfico de drogas, inseguridad y violencia; acompañada de un severo retraso económico.

¿Suena, al lector, familiar este último escenario político, económico y social?

Hoy día, Singapur tiene un PIB similar a Suiza. Es un país seguro, con alta reputación entre los inversionistas… en fin un país desarrollado y con un alto nivel de orden social. Si bien es necesario reconocer que en ese país se impuso un régimen dictatorial que estableció una serie de reformas a costa de un gran sacrificio social, también es cierto que algunas de esas medidas bien pueden ser materia de reflexión, lo mismo que de adaptación, tomando en cuenta las circunstancias del país.

De entre ellas podemos destacar, mutatis mutandis:

1. La creación de un órgano único anticorrupción. En el contexto nacional consideramos necesaria la creación de una sola agencia autónoma e independiente de todos los poderes públicos, cuyos integrantes no hayan participado nunca, de manera directa o indirecta, en actividades partidistas o en sus organizaciones afiliadas o satélites.

De igual manera, es necesario que esa agencia tenga como única tarea prevenir, investigar y sancionar la corrupción ¡pública y privada!, en todos los niveles, incluyendo la Presidencia de la República y a las grandes corporaciones, nacionales o extranjeras, con fuente de riqueza en México. Y, por supuesto, que tenga facultades para dar seguimiento a los casos de corrupción, incluso hasta, en su caso, la ejecución de la sanción.

Sería necesario que tuviera atribuciones de investigación, con una policía propia, profesional, bien pagada y capacitada.

Pero, además, que su presupuesto (para que fuera verdaderamente una agencia autónoma) estuviera atado a un determinado porcentaje del PIB.

Estamos proponiendo, entonces, la creación de una Agencia Federal de Prevención e Investigación de la Corrupción.

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FIN A LA CORRUPCIÓN… ¡¡¡POR DECRETO!!! (SEXTA PARTE) 1

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El punto de partida de todo esfuerzo en contra de la corrupción es la voluntad política, que dé impulso a la voluntad social.

Desafortunadamente, en la llamada “reforma anticorrupción” se advierte todo, menos voluntad política para combatir esa lacra social. En su lugar, esa voluntad ha sido, una vez más, simple y sencillamente usurpada por la simulación, el engaño, y, a fin de cuentas, por la conocida política del gatopardismo (de la novela Il Gattopardo, publicada en 1958, en la que Tancredi expresa: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”).

La reforma anticorrupción es, ni más ni menos, que la simulación del gatopardismo: cambiar todo… para que todo permanezca igual.

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FIN A LA CORRUPCIÓN…¡¡¡POR DECRETO!!! (QUINTA PARTE) 3

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La corrupción, cualquiera que sea el concepto que se tenga de ella, es innegablemente un problema social, que involucra a la población y al gobierno. Sin embargo, también es claro que sin una fuerte voluntad política no es posible emprender ninguna lucha contra este nefasto fenómeno, con resultados siquiera medianamente exitosos.

En la entrega que precede a esta Quinta Parte enunciamos ya algo conocido. Que el 27 de mayo de 2015 se publicó una reforma constitucional que abarcan 14 artículos permanentes y 11 transitorios. Es decir, un total de 25 artículos.

¿Todo ello será un buen indicio de que ahora sí, por fin, existe voluntad política, de todos los actores que en ella participan, para combatir de forma seria la corrupción existente en el país?

Antes de hacer cualquier comentario sobre esa reforma constitucional queremos dar algunos datos de interés. La llamada “encuesta de las encuestas”, así reconocida a nivel mundial, es la Corruption Perceptions Index (Índice de percepción de la corrupción), que elabora Transparencia Internacional.

Esta mide sólo la existente en el sector público en una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). La última medición data de 2015 y comprende 168 países.

¡Mala noticia! Como era de esperarse, es que México no está entre las primeras posiciones. Las primeras 10 corresponden a (1) Dinamarca con una puntuación de 91; después, (2) Finlandia 90; (3) Suecia 89; (4) Nueva Zelanda 88; (5) Países Bajos 87; (5) Noruega 87, empatada, desde luego, con Países Bajos; (7) Suiza 86; (8) Singapur 85; (9) Canadá 83 y, compartiendo el décimo lugar se encuentran Alemania y Luxemburgo con 81.

¿Qué calificación corresponde a México? ¡¡¡Uf!!! (interjección que aquí denota fastidio y hartazgo). México se encuentra compartiendo el lugar número 95, empatado con Armenia, Mali y Filipinas. ¿Calificación? ¡¡¡35!!! Y sólo superando por un punto a países como Bolivia, Gabón o Nigeria. Si de algo sirve de consuelo, que estoy seguro que no es así, en el fondo de la tabla se encuentra Somalia con 8, o si se quiere cero punto ocho.

Como nota al margen, llama siempre la atención el especial el caso de Singapur, que apenas en los años 60 era un país sumido en una profunda decadencia, pobreza, altísima corrupción, una fuerte delincuencia organizada, un importante centro de tráfico de drogas, etcétera. Con voluntad política y de la mano de Lee Kuan Yew, un líder cruel, pero visionario y comprometido políticamente con el combate a la corrupción logró transformar a su país y lo ha hecho transitar al desarrollo, incluyendo el progreso de la sociedad en su conjunto. Desde luego, el autor de este sitio no comparte ninguna posición autoritaria o dictatorial; por el contrario las rechaza de manera tajante, como la degradación última del ejercicio del poder público. Sin embargo, con las distancias suficientes, Singapur ha dado al mundo varias lecciones por aprender.

Volvamos a nuestro tema central, reiterando la pregunta, al menos razonable: ¿de la reforma constitucional mexicana, de mayo de 2015, se advierte una verdadera voluntad política para combatir la corrupción?

La respuesta clara y tajante es: ¡No!

Y… ¿Por qué no?

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FIN A LA CORRUPCIÓN…¡¡¡POR DECRETO!!! (CUARTA PARTE) 9

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De nuevo, comenzamos mal…

Pareciera que la “corrupción” es “algo” que nos rebasa, al igual que al propio lenguaje jurídico, pues no existe un concepto claro de lo que debe entenderse como tal. La mayoría de los instrumentos legales tanto a nivel nacional, como internacional, describen cuáles son los actos susceptibles de ser considerados “de corrupción”; pero no dicen qué es.

El ejemplo más evidente se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York en octubre de 2003, que desarrolla diversos tipos de conductas consideradas como corruptas, tales como el soborno a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, la malversación de fondos o el peculado, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, etcétera. Pero definitivamente no dice qué es… qué es la corrupción, más que lo siguiente: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.” (Sic.)

En cuanto a los estudiosos de la materia, el emérito profesor de Melbourne y reconocido especialista en el tema, Leslie Holmes (Corruption. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2015) recuerda: “A significant problem in attempts to combat corruption is that cannot fully agree on what is it…” [Un gran problema que afecta los esfuerzos para combatir la corrupción es que no existe un consenso respecto a su significado…].

Para la generalidad es un hecho irrefutable que el servidor público que acepta un soborno para su enriquecimiento personal es un corrupto. Sin embargo, señala Holmes, que el concepto tiene un espectro de interpretación bastante amplio, es decir, tiene diversos matices de acuerdo con las creencias, actitudes y costumbres predominantes en una sociedad determinada.

Según nuestro autor, por ejemplo, mientras los anglosajones y nórdicos ven al clientelismo (clientelism) y el padrinazgo (patronage) como una forma de corrupción, la mayoría de los especialistas italianos rechazan esta visión. En tanto que, para la mayoría, el tejer grupos de poder desde las universidades de élite es algo corrupto, en el Reino Unido, el concepto de “old school tie” [vínculos sociales y de negocios entre alumnos, generalmente varones de escuelas privadas, a través de los cuales se favorecen mutuamente] pervive, es tolerado y beneficia incluso a personas que no tienen los méritos para ocupar una posición (salvo que se trate de funcionarios públicos, según dicen, aunque no parece tener un sustento práctico). En China, el concepto de guanxi, es más abierto y laxo, así como aceptado: se desarrolla entre individuos o grupos, e implica reciprocidad y obligaciones mutuas entre amigos o profesionales; si alguien recibe una “ayuda” se encuentra “obligado” a “pagar” aún en el “largo plazo”, no importa si es dentro o fuera de la función pública: “nunca olvides pagar, con otro favor, el favor debido”.

Todas estas muestras de “solidaridad”, se les llame como se les llame, afirma el autor de este sitio, son, sin duda, formas de corrupción. No sólo criticables y reprochables… sino también sancionables…

¿Habrá alguna forma de dar cierta razonabilidad a este tema en el contexto internacional?

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FIN A LA CORRUPCIÓN… ¡¡¡POR DECRETO!!! (TERCERA PARTE) 1

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Existen varias formas de percibir la corrupción. La más frecuente, y, por su propia naturaleza, más criticada y criticable, es la de carácter público.

Existe, sin embargo, una forma más integral de analizar este tema, en el que se le describe como un fenómeno de 360°, en el que participan tanto la sociedad, como el quehacer público, interactuando y alimentándose recíprocamente.

Según una encuesta levantada en este sitio, un muy importante número, el 50.95% de los participantes considera que la participación de la sociedad y del gobierno permitiría controlar la corrupción.

En cambio, un 29.62% destaca como factor fundamental la acción de gobierno y percibe como necesarias leyes estrictas, sanciones y actos de gobierno ejemplares.

Por su parte, un 6.19% estima que existirá por siempre, a lo cual se agrega un 2.38% que piensa que sus acciones no tienen ningún impacto en la corrupción gubernamental, más un 1.9% considera que no puede ser controlada por ningún medio.

Llama la atención el hecho de que la opción de que “la corrupción puede ser controlada con actos ejemplares de líderes sociales” no obtuvo ningún voto… sin duda, un dato para la reflexión.

Continuamos en una siguiente entrega, con este tema. Mientras tanto, te invitamos a seguir participando en la sección de encuestas de este sitio.