Es obvio, la corrupción no se puede abatir por decreto, por más que se reforme la Constitución y otras leyes, si no hay voluntad política para adoptar decisiones de fondo.
Recordamos en entregas anteriores que la corrupción es un fenómeno social que debe involucrar a todos los actores de ésta. También señalamos que si bien implica una cuestión cultural, del mismo modo es posible cambiarla por quienes hacen de ella su forma de vida.
Un modelo a nivel mundial, que también ya mencionamos, es Singapur. En la actualidad, Singapur ocupa el 8º lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción (conocido por muchos como el índice de índices), mientras que México se debate por allá del lugar 95.
En los años 50 del siglo XX, Singapur presentaba un esquema muy similar al actual mexicano (y de muchos países del orbe): sumido en la corrupción, con una intensa presencia de la delincuencia organizada, tráfico de drogas, inseguridad y violencia; acompañada de un severo retraso económico.
¿Suena, al lector, familiar este último escenario político, económico y social?
Hoy día, Singapur tiene un PIB similar a Suiza. Es un país seguro, con alta reputación entre los inversionistas… en fin un país desarrollado y con un alto nivel de orden social. Si bien es necesario reconocer que en ese país se impuso un régimen dictatorial que estableció una serie de reformas a costa de un gran sacrificio social, también es cierto que algunas de esas medidas bien pueden ser materia de reflexión, lo mismo que de adaptación, tomando en cuenta las circunstancias del país.
De entre ellas podemos destacar, mutatis mutandis:
1. La creación de un órgano único anticorrupción. En el contexto nacional consideramos necesaria la creación de una sola agencia autónoma e independiente de todos los poderes públicos, cuyos integrantes no hayan participado nunca, de manera directa o indirecta, en actividades partidistas o en sus organizaciones afiliadas o satélites.
De igual manera, es necesario que esa agencia tenga como única tarea prevenir, investigar y sancionar la corrupción ¡pública y privada!, en todos los niveles, incluyendo la Presidencia de la República y a las grandes corporaciones, nacionales o extranjeras, con fuente de riqueza en México. Y, por supuesto, que tenga facultades para dar seguimiento a los casos de corrupción, incluso hasta, en su caso, la ejecución de la sanción.
Sería necesario que tuviera atribuciones de investigación, con una policía propia, profesional, bien pagada y capacitada.
Pero, además, que su presupuesto (para que fuera verdaderamente una agencia autónoma) estuviera atado a un determinado porcentaje del PIB.
Estamos proponiendo, entonces, la creación de una Agencia Federal de Prevención e Investigación de la Corrupción.
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