En seguimiento a la entrega anterior, veamos algunos datos, que, por cierto, no son muy alentadores.

Conforme a la organización World Justice Project, en cumplimiento del Estado de Derecho, es decir, simple acatamiento de la ley, de un total de 102 países analizados durante 2015, las primeras posiciones fueron ocupadas por…sí… por…¿México? No, desafortunadamente no… En realidad, los lugares de honor correspondieron a Dinamarca, Noruega, Suiza, Finlandia y Nueva Zelanda… seguidos de Austria y Alemania.

México se ubica en un modesto lugar 79 sólo precedido de Burkina Faso (país de África Occidental) y superando, por un escaso margen, a Turquía, a Uzbekistán, a Madagascar y Liberia. Si de algo sirve de consuelo, en ese estudio los últimos lugares son ocupados por Zimbabue, Afganistán y Venezuela.

Otro indicador. El de Transparencia Internacional. En especial, su muy famoso “Índice de Percepción de la Corrupción” en el sector público.

Con toda seguridad, no representará una sorpresa para el lector si señalamos que para 2014 (todavía no hay cifras para 2015), el sitial de honor no correspondió a México, sino, en ese orden, a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Noruega y Suecia. De 175 lugares, México se encuentra ubicado en el… ¡¡¡103!!! Empatado con Bolivia, Moldavia y Nigeria. También si de algo sirve, sólo para documentar cierto optimismo (por cierto infundado), los últimos lugares son ocupados por Venezuela, Yemen, Libia, y Uzbekistán, entre otros.

¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental al enorme problema que representa el desacato a la ley y  una generalizada corrupción de la vida social?, ¿limitar los excesivos, onerosos y ostensibles privilegios económicos y sociales de los legisladores, entre ellos el ya insostenible “fuero”?, ¿poder acusar y enjuiciar al Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales durante su encargo, sin limitación alguna?, ¿hacer transformaciones profundas y verdaderamente funcionales en la procuración y en la administración de justicia que dignifique a ministerios públicos, defensores y aún a los juzgadores?, ¿contar con una policía profesional, respetada, capacitada y bien remunerada?, ¿establecer un verdadero y auténtico servicio civil de carrera en todo el quehacer público, en el que sea el mérito y no el compromiso político el que asigne los cargos?, ¿eliminar la insultante derrama de recursos públicos hacia los partidos políticos?, ¿acabar con el clientelismo político de una multitud de “organizaciones sociales” parasitarias?, ¿limitar, en serio, a los acaudalados monopolios que gobiernan la vida social?, ¿atacar frontalmente la rapacidad de muchos servidores públicos, empresarios y líderes de todos los signos?, ¿combatir, con medios eficaces, a la delincuencia organizada, la pública y la privada?, ¿sancionar a todo particular que atente contra los derechos de terceros y trastorne la vida social, bajo el patrocinio de intereses políticos y politizados?, ¿castigar a toda persona que impunemente viole la ley por influyentismo, situación social (de todos los niveles) o la simple prepotencia?,  ¿proteger a las víctimas de los delitos, en lugar de tutelar a los delincuentes al amparo de una torpe, miope, demagógica y antisocial visión de los “derechos humanos”?, etcétera, etcétera, etcétera…

No. En realidad nada de eso.

En cambio, se recurrió una vez más a la solución fácil y barata. Al fetichismo de la norma jurídica.

Ahora consistente en elevar a rango constitucional… o como repiten algunos (espero que impensadamente) “consagrar” (palabra que originalmente se compone de cum y sacrum, que significa hacer algo “sagrado”) (entre paréntesis, nuestra manoseada Constitución tiene muy poco de “sagrada”)…decíamos… se recurrió a la solución fácil y barata elevar, ahora, a rango constitucional y como eje del nuevo método al “Sistema Nacional Anticorrupción”…

De ello nos ocuparemos en una siguiente entrega…