La reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública inició con una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014.

Un siguiente paso fue la expedición de la Ley “General” de Transparencia y Acceso a la Información Pública (de la que ya empezamos a ocuparnos en las primera y segunda entregas anteriores). En esta Ley, según dijimos, el Poder Legislativo Federal se mandó hacer un traje a la medida, para que, en un caso extremo, quizás nunca sean alcanzados por el brazo de la transparencia.

Toca el turno del Poder Ejecutivo Federal, cuya rendición de cuentas, de sobra está decirlo, es esencial para la sociedad.

¿Habrá quedado éste con alguna ventaja respecto de las demás instituciones públicas y hasta privadas obligadas a trasparentar su quehacer?

La respuesta es un simple… SÍ… (con mayúsculas y letra más oscura).

Desde la reforma constitucional de febrero de 2014, quedó con dos ventajas sustanciales. ¿Por cuál de ellas empezar?

Empecemos, acaso por la que resulta más poderosa desde la perspectiva política.

En el artículo 6° constitucional se previó la creación de un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado… con plena autonomía de gestión… y, por sobre todas las cosas, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Ese órgano autónomo según se señaló en la Constitución, actuaría con “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”.

El sistema sonaba muy bien. Sin embargo, el artículo 76 de la norma fundamental otorgó atribuciones al Senado de la República para designar a los titulares de ese organismo autónomo, denominados “comisionados”. El truco vendría… enseguida.

El artículo 89 constitucional dio facultades expresas al Presidente de la República para “objetar” (esto es, oponerse, rechazar, censurar) los nombramientos de los comisionados; es decir, que, desde su origen, se vieron mermados en su independencia. Porque, a fin de cuentas, y de principio, el nombramiento se lo deben a una sola persona: el titular del Ejecutivo Federal. Sin duda, una herramienta política muy poderosa en manos de este último.

Este es el sentido general.

De manera particular, también se previó en el artículo 6º constitucional un sistema ya de segunda mano. Se vale que, en caso de objeción, la Cámara de Senadores elabore una nueva propuesta con una votación calificada ¡de tres quintas partes de sus integrantes presentes! Y… el Ejecutivo Federal… ¡puede volver a objetar! Va de nuevo. Acto seguido, como novela trágica, la Cámara de Senadores puede decidir, ¡al fin!… por votación calificada ¡de tres quintas partes de sus integrantes presentes!… quién será el comisionado…

Vayamos a la segunda ventaja.

La propia reforma constitucional de 7 de febrero de 2014 estableció que el organismo garante federal sería la última instancia nacional en materia de transparencia (algo así como una “Suprema Corte de Transparencia”). En este sentido, el artículo 6° fue enfático en establecer que: “las resoluciones del organismo garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”.

Pero… ¿de veras fue enfático?

Pues no mucho. A decir verdad… fue poco enfático.

Si bien es cierto que se pretendió que las resoluciones del “organismo garante” (antes IFAI; ahora se autonombra INAI) (es decir, “Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos”, por “Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”) fueran la última palabra, la propia Constitución, mediante no sé qué clase de… (“razones”), permitió que el consejero jurídico del gobierno, es decir el asesor legislativo y litigante del Presidente de la República, sea el único que puede interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de verse afectado por las determinaciones “definitivas e inatacables” del “órgano garante” ¿Y los demás “sujetos obligados” pueden interponer este recurso de revisión? La respuesta aquí es un enfático… ¡NO!

No se trata de preguntas existencialistas. Son reales y prácticas. ¿Por qué el Presidente de la República sí tiene un medio de defensa último y los demás sujetos obligados no?, ¿qué lo hace, en esencia, distinto del resto de los sujetos obligados?, ¿qué no todos los sujetos obligados son servidores públicos (sin considerar aquí a algunos particulares)?, ¿o es que debe quedar claro que hay servidores públicos de primera y de segunda? O es que la respuesta es, una vez más, que… todos los sujetos son iguales ante la ley… pero hay unos más iguales que otros…

Continuaremos…