De acuerdo con cifras aún no oficiales, el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017 en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco dejó un doloroso saldo de 96 muertos. El 19 de septiembre del mismo mes y año, otro sismo, en Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, segó de tajo 369 vidas humanas.

Además, muchas familias quedaron en el desamparo total. Sólo en Chiapas resultaron afectadas, total o parcialmente, ¡58,366! viviendas. En Oaxaca, ¡63,335!. En Tabasco un número menor, pero no por ello menos importante: 163.

En la Ciudad de México, hasta donde se ha reportado, 38 edificios colapsaron, algunos con seres humanos en su interior… Y por si fuera poco, las autoridades han recibido más de 11,000 reportes de inmuebles dañados para revisión. Muchos de ellos, tendrán que ser demolidos o se derrumbarán por propia inercia, incluso causando más daños, si los servidores públicos a cargo no actúan debidamente y pronto.

Al parecer, (sí, sólo al parecer), para Puebla hay cifras más precisas. 27,782 viviendas fueron dañadas, sin contar edificios públicos. Morelos, más de 20,000 casas dañadas. Estado de México, 1,695 con pérdida total. Guerrero, alrededor de 1,000 inmuebles dañados. En Oaxaca, 729.

Los datos sobre los daños corresponden a estimados de diversas fuentes. Las autoridades responsables (¿debería llamarles responsables?) siguen extremadamente omisas e imprecisas. Lo que les ha sobrado es incapacidad para atender esta tragedia… que para muchas familias mexicanas se sigue replicando día tras día. Tragedia que, por cierto, en la mayoría de los casos, se pudo haber evitado.

Las fuerzas de la naturaleza son impredecibles e inevitables. Sin embargo, como se ha dicho en repetidas ocasiones: los terremotos no matan gente, las construcciones colapsadas sí. O, más claramente, los terremotos no matan gente, la corrupta negligencia de las autoridades sí… y tiene un efecto, con mucho, más devastador.

Chile es considerado el país con mayor sismicidad en el mundo. Rara vez una construcción se colapsa.

De acuerdo con el más reciente “Índice de percepción de la corrupción”, que elabora anualmente Transparencia Internacional, Chile se ubica en el número 24, entre los países menos corruptos del mundo. ¿México? En el 123, de una lista de 176, escoltado por países como Laos (Asia) o Moldavia (en la región de los Balcanes).

Chile tiene una serie de ordenamientos encabezados por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de 1975, con diversas reformas, incluso de 2017. La regulación ha encarecido las construcciones; pero la experiencia y la evidencia han demostrado que las normas son respetadas. Por ejemplo, el 29 de octubre de 2017 un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter azotó la zona central de Chile. No hubo víctimas.

Los estudios de mecánica de suelos o de cimentación, resistencias, estructuras, aisladores o disipadores sísmicos, calidad de los materiales, uso de suelo, entre otros muchos, son responsabilidad compartida de autoridades, constructores e inmobiliarias.

En México, a diferencia de Chile, las autoridades altamente corruptas e incompetentes, delegacionales o municipales, locales o estatales y aún federales, son al menos, penal y administrativamente responsables de la tragedia, junto con las constructoras e inmobiliarias. Es tiempo de deslindar responsabilidades, enjuiciar y castigar a los verdaderos causantes de este terrible drama humano.

¿O es que la experiencia de 2017 quedará tan impune como la del terremoto de 1985?

¿O es que los devastadores efectos de la corrupción quedarán una vez más sin castigo?

¿O es que los beneficiarios de la corrupción, los políticos y partidos políticos de todos los signos, sin excepción, protegerán y hasta premiarán a los responsables?

Continuaremos en una siguiente entrega…