La corrupción, en México, es un problema generalizado. Quien quiera verlo sólo en un determinado grupo o sector de la sociedad… no importa mucho si está mintiendo a los demás… lo grave es que se está engañando a sí mismo.

Sus efectos, consecuencias y hasta privilegios ilegales abarcan a todos los sectores de la colectividad, en todos los niveles socioeconómicos.

Es corrupto el individuo que soborna para no ser sancionado. El que cobra un ingreso o un salario por un trabajo que no ha realizado. El que demanda, en tribunales, aquello que no le es debido y el funcionario que se lo otorga. El que realiza obras ilegales a costa del erario o contra disposición expresa de la ley. El que tira basura en vía pública o contamina los ríos y mares. El que bloquea vialidades, caminos o carreteras, en nombre de causas, a veces legítimas, pero con fines inconfesables. El que, con desprecio de los demás, estaciona su vehículo en lugares prohibidos o hace de sus continuas fiestas nocturnas la pesadilla de sus vecinos.

Es corrupto el sujeto que entrega ilegalmente recursos a servidores públicos para obtener beneficios que de otra manera no hubiera logrado y los “servidores” que lo propician. El empresario que se favorece de su cercanía con el poder y el poder que se colude con éste. El líder sindical, social o político que lucra con las necesidades básicas de la gente y la gente que hipoteca su voluntad a cambio de recibir limosnas. El que compra y el que vende votos. Los partidos políticos insaciables en la apropiación y privatización de los recursos públicos (no conozco ninguno de otro tipo). El agente económico o el intermediario financiero que lavan dinero y todos sus beneficiarios. El que trafica y vende mercancías ilegales a la vista de la autoridad que obtiene provecho de ello. El funcionario que autoriza giros ilegales y quienes los operan. El comercializador de “productos milagro” y el político que, por el poder, promete soluciones mágicas para supuestamente solucionar problemas complejos.

Es corrupto el “intelectual” que se vende a una causa y hasta se proclama mártir de ella. El que aprovecha una tragedia para chantajear en forma vitalicia y, con ello, asegurar su modus vivendi. El que, a la vista de todos, transgrede la ley, ataca impunemente a las personas o los bienes o derechos de terceros, y la autoridad que lo permite por temor a asumir el “costo político”, renunciando, de facto, a ser autoridad.

Es corrupto el funcionario o el particular que amasan fortunas impresionantes, para ellos y para sus familias, a costa del desvío de recursos públicos y aún privados. El individuo que miente para sumar ingresos de diversos programas asistenciales y vivir de ellos, sin tener que trabajar. El que, con la investidura de legislador, comercia con las leyes, se protege de ellas, y obtiene cuantiosos favores. El sujeto (sea quien sea, del sector público o privado) que se colude con los criminales y, por ello, es el criminal mismo (etcétera, etcétera, con millones de etcéteras)… Los oprobiosos ejemplos se multiplican por doquier, son incontables, se mezclan entre sí, y desafortunadamente, por lo pronto, se revelan como inacabables.

La corrupción, en México, es, a fin de cuentas, una forma de vivir, de convivir y hasta de sobrevivir. Como muchos padecimientos, no conoce origen, edad, género, posición social, ocupación, rango o investidura… El poder y el dinero se ensucian mutuamente, como también lo hacen la pobreza, la ignorancia y la necesidad. Esta terrible realidad, que ha acompañado no sólo a nuestro país, sino a gran parte de la humanidad, no puede ser negada, a menos de caer en un maniqueísmo simplón y barato. Dividir a los grupos sociales (altos, medios y bajos) o de poder (mucho o poco) en “buenos” y “malos” es caer en la simulación y en la mentira. Es caer en el engaño…

En consecuencia, enfrentar la corrupción, de manera parcial y verla únicamente como un fenómeno atribuible sólo a un determinado grupo social o a una actividad en particular, es un enfoque demasiado simplista, pobre, estrecho de miras, y necesariamente destinado al fracaso…

Y sin embargo, no podemos ni debemos resignarnos a ella. Su combate, sin duda prioritario, es una tarea de largo plazo, multidisciplinaria, complicada y compleja, que exige liderazgo (¡que no veo!) y planeación; no división ni improvisación. Precisa de una acción ejemplar de gobierno, desde y para el gobierno (“como reza el dicho popular: predicar con el ejemplo”); que envíe un mensaje claro a la sociedad de que en la práctica (de manera real, verdadera y constatable) las leyes y sus sanciones se está aplicando sin concesiones, sin favoritismos y sin privilegios individuales, de grupo o de clase. Pero además, ese liderazgo necesita involucrar, a la sociedad en su conjunto, en esa misma dinámica de cumplimiento de las normas básicas de convivencia, con la conciencia de que ese complimiento contribuye al bien común, pero también con la inminencia de una sanción en caso de quebrantarlas. Es, pues, algo más serio… es un auténtico cambio de cultura y no un mero golpe de timón burocrático. Y no… no puede hacerse por decreto.

¿Es que alguien piensa que el combate a la corrupción puede hacerse por decreto?

Desafortunadamente sí…

El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”.

En una siguiente entrega nos ocuparemos del contenido de este Decreto…

Véase en esta página el video “El fetichismo de la norma jurídica”: