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La corrupción, cualquiera que sea el concepto que se tenga de ella, es innegablemente un problema social, que involucra a la población y al gobierno. Sin embargo, también es claro que sin una fuerte voluntad política no es posible emprender ninguna lucha contra este nefasto fenómeno, con resultados siquiera medianamente exitosos.

En la entrega que precede a esta Quinta Parte enunciamos ya algo conocido. Que el 27 de mayo de 2015 se publicó una reforma constitucional que abarcan 14 artículos permanentes y 11 transitorios. Es decir, un total de 25 artículos.

¿Todo ello será un buen indicio de que ahora sí, por fin, existe voluntad política, de todos los actores que en ella participan, para combatir de forma seria la corrupción existente en el país?

Antes de hacer cualquier comentario sobre esa reforma constitucional queremos dar algunos datos de interés. La llamada “encuesta de las encuestas”, así reconocida a nivel mundial, es la Corruption Perceptions Index (Índice de percepción de la corrupción), que elabora Transparencia Internacional.

Esta mide sólo la existente en el sector público en una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). La última medición data de 2015 y comprende 168 países.

¡Mala noticia! Como era de esperarse, es que México no está entre las primeras posiciones. Las primeras 10 corresponden a (1) Dinamarca con una puntuación de 91; después, (2) Finlandia 90; (3) Suecia 89; (4) Nueva Zelanda 88; (5) Países Bajos 87; (5) Noruega 87, empatada, desde luego, con Países Bajos; (7) Suiza 86; (8) Singapur 85; (9) Canadá 83 y, compartiendo el décimo lugar se encuentran Alemania y Luxemburgo con 81.

¿Qué calificación corresponde a México? ¡¡¡Uf!!! (interjección que aquí denota fastidio y hartazgo). México se encuentra compartiendo el lugar número 95, empatado con Armenia, Mali y Filipinas. ¿Calificación? ¡¡¡35!!! Y sólo superando por un punto a países como Bolivia, Gabón o Nigeria. Si de algo sirve de consuelo, que estoy seguro que no es así, en el fondo de la tabla se encuentra Somalia con 8, o si se quiere cero punto ocho.

Como nota al margen, llama siempre la atención el especial el caso de Singapur, que apenas en los años 60 era un país sumido en una profunda decadencia, pobreza, altísima corrupción, una fuerte delincuencia organizada, un importante centro de tráfico de drogas, etcétera. Con voluntad política y de la mano de Lee Kuan Yew, un líder cruel, pero visionario y comprometido políticamente con el combate a la corrupción logró transformar a su país y lo ha hecho transitar al desarrollo, incluyendo el progreso de la sociedad en su conjunto. Desde luego, el autor de este sitio no comparte ninguna posición autoritaria o dictatorial; por el contrario las rechaza de manera tajante, como la degradación última del ejercicio del poder público. Sin embargo, con las distancias suficientes, Singapur ha dado al mundo varias lecciones por aprender.

Volvamos a nuestro tema central, reiterando la pregunta, al menos razonable: ¿de la reforma constitucional mexicana, de mayo de 2015, se advierte una verdadera voluntad política para combatir la corrupción?

La respuesta clara y tajante es: ¡No!

Y… ¿Por qué no?

Primero. Porque quien se supone que va a combatir la corrupción, es el llamado Sistema Nacional Anticorrupción (artículo 113 constitucional)… El “pero” es que se trata de ¡¡¡los mismos de siempre!!!

¿Quiénes? La Auditoría Superior de la Federación (¿debería esta ahí?), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (¿otra más?), la Secretaría de la Función Pública (¿cómo para qué?), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (¿por qué?), por el Instituto Nacional de Transparencia (¿con qué fin?), por el Consejo de la Judicatura Federal (¿qué hace aquí?). A ello hay que agregar un Comité de Participación Ciudadana (cinco integrantes que servirán para lavar cara de lo que otros hagan mal) y… por si fuera poco… los sistemas locales anticorrupción (es decir, 32).

Segundo. Ello significa que hay ¡¡¡37!!! encargados de “anticorromper”. Y cuando todos mandan en casa, nadie termina obedeciendo. No hay que ser ni experto ni muy letrado en la materia para darse cuenta de ello. Estimo que fue a propósito.

(Entre paréntesis: Precisamente la razón de haber creado el Instituto Nacional Electoral (INE) fue debido a que el sistema consistente en un Instituto Federal y 32 locales era inoperante y necesitaba unidad de mando  y criterio para ser eficiente).

Tercero. El llamado Sistema Nacional Anticorrupción sólo se ocupa, mal por cierto, de los actos de gobierno y omite combatir los que se realizan entre particulares (personas físicas y morales), respecto de otros particulares; los que se efectúan por los particulares con los poderes fácticos (grandes empresarios, medios de comunicación masiva, iglesias, delincuencia organizada, etcétera) o de la colusión entre estos; como tampoco hay una claridad constitucional para castigar a cualquier tipo de particular que se corrompa con, para y por el poder público.

Cuarto. No se tocan los grandes privilegios de la alta clase política, de los infinitamente corruptos partidos políticos, ni de sus parasitarias organizaciones satélites.

Quinto. La reforma ignora, como elemento esencial para sanear la vida social, los vicios que se presentan en los diversos poderes judiciales, vicios incluso reconocidos por algunos de sus presidentes.

En fin, que no existe voluntad política para combatir de fondo y verdaderamente este fenómeno. Es mejor, para quienes se benefician de la corrupción, expedir una reforma constitucional que deje tranquilas a las “buenas conciencias” y esperar que “algo pase”… ¡¡¡por decreto!!!

Anticipamos, pues, el rotundo fracaso de esta reforma.

A pesar de todo, ¿habría algo por hacer? Pensamos que sí y de ello nos ocuparemos en una siguiente entrega.

*Fuente de la imagen: Página Abierta, Hay que acelerar aplicación de Sistema Anticorrupción: Senado, en http://paginabierta.mx/sitio/hay-que-acelerar-aplicacion-de-sistema-anticorrupcion-senado/