7 de septiembre de 2017. 23 horas con 49 minutos. Un sismo de 8.2 grados sacude el sur y centro de México. Se producen graves afectaciones en los Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

19 de septiembre de 2017. 13 horas con 14 minutos. Un sismo con magnitud de 7.1 grados cimbra los cimientos de seis entidades de la federación: Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

La destrucción, los derrumbes, la muerte, los heridos y la desesperación están presentes en todos los lugares afectados. El miedo y la incertidumbre colectivas se desplazan, como viento frío, entre las ruinas, los edificios, las casas, las plazas, las calles y las avenidas, hasta anidarse en los huesos de quienes lo vivimos.

La magnitud de los terremotos en la escala de Richter, es incapaz de medir la zozobra continua, el dolor, el desamparo y la terrible vulnerabilidad humana y material que dejan, como secuelas permanentes, esos fenómenos. Es ya una nueva generación marcada.

Sin embargo, un gran sentido de humanidad (no puedo llamarla sólo solidaridad) se sobrepone al temor y sale, sin convocatoria previa, en ayuda de sus semejantes, algunos de ellos familiares y amigos; otros, simplemente desconocidos. La oportunidad de creer en la humanidad, y sobre todo en las nuevas generaciones de ésta, se renueva. Está ahí presente y parece, en muchos casos, hasta omnipotente, para rescatar vidas, cuerpos, bienes. Son escenas que, en medio de la tragedia, conmueven y mueven a la acción… no hay tiempo para la pasividad.

Sabemos que, hasta ahora, nadie puede predecir cuándo y con qué intensidad se producirá un nuevo fenómeno de esta naturaleza. Lo que sí sabemos es que una cultura de prevención es esencial para evitar daños irreparables, y dentro de ellos, el más lamentable de todos: la pérdida de vidas humanas.

¿Prevención? ¿Se agota con un simulacro? ¿Con leyes, Planes y Programas que terminan siendo letra muerta en la práctica? No. Por supuesto que no. Más bien es una carencia. O mejor dicho, muchas carencias: la criminal indiferencia gubernamental previa a estos fenómenos; el desvío de recursos para la construcción de instalaciones que puedan ser seguras; la voraz rapiña sobre los recursos públicos de muchos funcionarios, partidos políticos y organizaciones sociales; la complicidad delictiva de las autoridades con los constructores e inmobiliarias; la permisividad que daña, e incluso mata, respecto de construcciones escandalosamente ilegales; en fin, la corrupción pública y privada en todas sus manifestaciones. Son estos los mayores atentados en contra de una verdadera cultura de la prevención.

Las ayudas gubernamentales, la presencia pública y los programas asistenciales, son una obligación de Estado; pero también una forma de generar empatías en tiempos electorales, una forma de ganar espacios sociales, y, ¿por qué no?, una forma de dejar tranquilas a las “buenas conciencias”.

Con todo, esto último, sin duda, será temporal, coyuntural e insuficiente ante la magnitud de la tragedia.

Continuaremos en una siguiente entrega…