En la mercadotecnia política suena muy bien: Un régimen jurídico de avanzada para el envejecido y casi inviable Distrito Federal. Para que tenga su propia Constitución y órganos de gobierno más democráticos. ¡Para que en su lugar nazca la Ciudad de México!, ¡para que desaparezca el Distrito Federal y con él todos sus añejos defectos!

Aunque… el artículo 44 de la Constitución federal, antes de la reforma, ya estableciera que: “La Ciudad de México es el Distrito Federal…”. Y aunque, como reseñara algún medio de prensa extranjero: “Mexico City is now… Mexico City”.

Así y todo, la reforma constitucional “en materia de reforma política de la Ciudad de México” fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. (Véase la sección “Actualización legislativa” de este sitio.)

Creo que nadie en su “sano juicio democrático” (sic.) (¡de algún modo le tengo que llamar!) podrían oponerse a querer para su ciudad, un régimen jurídico que defina su propia idiosincrasia y forma de vida (siempre que no se oponga a la Constitución general, eso se da por descontado), con un Ejecutivo fortalecido, un Congreso con credibilidad y un Poder Judicial independiente.

Bien. Por lo pronto, ahora con la reforma constitucional, el Jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal es ahora… ¡Jefe de Gobierno de la Ciudad de México! (ni siquiera Gobernador). La Asamblea Legislativa se convierte en…¡Legislatura de la Ciudad de México! (no en Congreso, pero sí con su correspondiente reparto de cuotas de poder y de dinero público entre todos los partidos políticos). El Tribunal Superior de Justicia es ahora…el mismísimo ¡Tribunal Superior de Justicia!… En tanto que las delegaciones políticas, ya no serán delegaciones (¡ni tampoco municipios, como lo fueron hasta agosto de 1928!), sino “demarcaciones territoriales”.

Hay algunas facultades interesantes, como es el que hecho de que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ya no será aprobado por el Congreso federal (me cuesta trabajo, por experiencia, llamarle “de la Unión”). En cambio, será la Legislatura de la CDMX, la que realice las adiciones y reformas una vez expedida la nueva Constitución. También el hecho de que la Legislatura de la CDMX podrá presentar iniciativas de leyes o decretos. De igual manera, el que el Senado ya no podrá remover al Jefe de Gobierno de la CDMX.

Hasta ahí, todo muy bien.

Entonces, ¿cuál es el motivo de desconfianza?

Bueno, el autor de estas líneas reconoce cierta perspicacia, que no es más que resultado de una experiencia colectiva elemental, acumulada a lo largo de varias décadas: el que, sin excepción, las diversas administraciones del ahora extinto Distrito Federal (que existió de 1824 a 2016, como imitación del Distrito de Columbia en E.E.U.U.A.), se han apropiado vorazmente de los recursos públicos de aquél, especialmente durante los siglos XX y XXI.

Por esta acotación, nada permite descartar que detrás de esta profunda reforma constitucional exista un gran negocio de proporciones todavía desconocidas. Veamos.

1. La elección de los integrantes del Congreso Constituyente, sólo eso, podría costar unos 400 millones de pesos, según estiman algunos especialistas en la materia. La mayoría de esos recursos irán a parar a manos de los partidos políticos.
2. Con la creación de las “demarcaciones territoriales”, la figura del delegado dejará de existir y en su lugar habrá alcaldes y ¡concejales! (estos últimos, entre 10 y 15, agregando, desde luego, a sus respectivos suplentes). Con ello, más burocracia y más recursos para los políticos y sus partidos.
3. La reforma implica el cambio radical de emblemas, letreros, pintura y demás símbolos en los edificios públicos, para crear una “nueva imagen”.
4. Además, nuevos distintivos en los vehículos oficiales y no oficiales.
5. Cambio ¡en todos! los documentos y papelería oficiales, que ahora ostentarán el nuevo nombre, con su acrónimo: CDMX.
6. Una intensa propaganda para publicitar su creación, bajo el lema: “Adiós DF ¡Hola CDMX!”.
7. Cambios en toda la señalización vehicular.
8. Nuevas placas para el transporte público y privado.
9. Nuevos identificadores de los “letreros” de todas las calles de la CDMX, pues en lugar de indicar la “delegación”, deberán establecer la “demarcación territorial” a la que pertenecen.
10. Cambio en los uniformes, distintivos y hasta equipos de trabajo; sin olvidar las instalaciones deportivas y culturales o los programas asistenciales…

Etcétera, etcétera, etcétera…

¿Quién o quiénes ya se están embolsando y se embolsarán este jugoso negocio?

Hasta ahora, nadie ha dicho cuánto costará, a fin de cuentas y en todas sus expresiones, esta reforma, desde luego, con cargo a recursos públicos. Es políticamente incorrecto cuestionarlo y hasta carente de “sano juicio democrático” (otro sic.); pero es necesario hacerlo.

El Distrito Federal, constitucionalmente hablando, ya era la Ciudad de México (texto del artículo 94 antes de la mencionada reforma). Mayores y mejores atribuciones para los Poderes de la Ciudad de México, resultaban más que razonables y necesarios, con la apuesta de que algún día esta Ciudad será verdaderamente democrática, y no botín de los partidos políticos, con todo y sus empresas asociadas; pero de ahí a generar una costosa mercadotecnia y gastos innecesarios, inútiles e improductivos… nos hace pensar (pensar mal, por cierto) que detrás de todo esto hay un gran… gran… enorme… negocio oculto.

Negocio en el que habrá, como siempre, sólo algunos cuantos beneficiarios de la ahora “flamante” (sic. sarcástico) CDMX… ¡¡¡S.A.!!!