CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO…SÍ…PERO CON MENOS OFICIO… 4

La lectura de la resolución “varios 912/2010”, construida con motivo del caso Radilla y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, no dejó lugar a dudas. Los juzgadores del país, sin excepción, quedaron obligados a proteger a los justiciables (es decir, a nosotros), respecto de “todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte”, de manera oficiosa, es decir, aunque la parte interesada no los hubiera invocado.

La tarea, desde el principio, se antojaba casi imposible. México tiene celebrados casi 1,400 tratados internacionales, muchos de los cuales tienen ese contenido glamoroso, pero incierto y generalmente subjetivo, de “derechos humanos”; que en el contexto nacional ha servido ya en la práctica para justificar todo y hasta para descalificar todo.

A menos tres años de distancia, parece claro que hay marcha atrás. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos tesis aisladas: la primera, la 2005720 (CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES); la segunda, la 2005721 (CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN).

La tesis mencionada en primer lugar establece que “únicamente” se realizará la protección oficiosa cuando el juzgador “advierta” que una norma contraviene derechos humanos, pues de otra manera (cito la tesis) “sólo propiciaría una carga, en ocasiones desmedida”, en la labor de jueces y magistrados. ¡Claro que es una carga desmedida! Es más, la experiencia práctica del día a día revela que las obligaciones que impuso el sobredimensionado caso Radilla son excesivas, gravosas y en la práctica imposibles de cumplir. ¿Cuáles y cuántos tratados debe analizar oficiosamente cada secretario de juzgador en cada caso?, ¿debe incluir, entre otros,  declaraciones sobre derechos humanos, criterios orientadores y opiniones consultivas?, ¿los juzgadores realmente los van analizar?, ¿con qué método?, ¿cuánto tiempo y recursos de toda clase se requieren para ello?, ¿se tendrían que crear estructuras para legales, como en el sistema sajón?, ¿cómo se absorberían esas cargas de trabajo?, ¿cuánto le cuesta al Estado mexicano (léase dinero público) hacer ese control ex officio?, porque todo tiene un costo.

El mensaje de la tesis es evidente. Es imposible de cumplir, a pie juntillas, con la resolución 912/2010.

Para hay más aún. La segunda tesis que se menciona cierra el círculo. Si un justiciable (es decir, alguno de nosotros, insisto) hace valer, como expresión genérica, que las normas aplicadas son inconvencionales “sin precisar al menos qué norma en específico y qué derecho humano está en discusión” se “imposibilita” ese control, pues, menciona la propia tesis, se obligaría a los jueces a analizar todas las normas para luego confrontarlas con “todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Aunque esta tesis se refiere a normas procedimentales, es obvio que también aplica para normas sustantivas.

¿De qué se trata esto? Para decirlo claro, es ilusorio pretender implementar el control de convencionalidad oficioso al estilo “varios 912/2010”. O mejor, o más preciso… control de convencionalidad ex officiosí… pero con menos oficio…

    • Muy estimado Jaime:

      Mil gracias por tu amable comentario.

      Procuraré que este foro de reflexión resulte de utilidad y mantenga cierta frescura en el análisis de los temas jurídicos.

      Sinceramente,

      Humberto Ruiz

  1. Maestro me parecen muy interesantes sus observaciones a la figura del control de convencionalidad en sede interna. Me gustaría que me comentara si, ante tal escenario, ¿Usted considera alguna esperanza para la figura en cuestión? ,o si, ¿definitivamente es una ilusión que las disposiciones internacionales pactadas por nuestro país puedan hacerse efectivas desde la primer instancia nacional?
    De ante mano gracias! le felicito por este espacio!

    • Muy estimada Berenice: Antes que nada, deseo ofrecerle una sentida disculpa por tardar tanto en contestar. Motivos ajenos a mi voluntad me habían impedido hacerlo.
      Desde mi perspectiva, el control de constitucionalidad y convencionalidad interno debería de ser la base y esencia de nuestras instituciones jurisdiccionales. No considero, en cambio, que un control externo sea dañino, por sí mismo. Sin embargo, un sometimiento incondicional, irreflexivo y carente de toda crítica hacia el exterior, implica un sometimiento vergonzoso, renuncia a la soberanía Y un golpe más a la ya gastada credibilidad en las instituciones internas. ¿No sería mejor reforzarlo, el lugar de buscar legitimidad en los intereses extranjeros?
      Le aseguro que no es patriotismo barato ni de ocasión. Lo que sucede es que no podemos seguirle apostando al desgaste de las instituciones nacionales, con el fácil remedio de someternos burdamente al exterior.
      Sinceramente, Dr. HERT.

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