FIN A LA CORRUPCIÓN… ¡¡¡POR DECRETO!!! (SÉPTIMA PARTE). UNA PROPUESTA… 3

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Es obvio, la corrupción no se puede abatir por decreto, por más que se reforme la Constitución y otras leyes, si no hay voluntad política para adoptar decisiones de fondo.

Recordamos en entregas anteriores que la corrupción es un fenómeno social que debe involucrar a todos los actores de ésta. También señalamos que si bien implica una cuestión cultural, del mismo modo es posible cambiarla por quienes hacen de ella su forma de vida.

Un modelo a nivel mundial, que también ya mencionamos, es Singapur. En la actualidad, Singapur ocupa el 8º lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción (conocido por muchos como el índice de índices), mientras que México se debate por allá del lugar 95.

En los años 50 del siglo XX, Singapur presentaba un esquema muy similar al actual mexicano (y de muchos países del orbe): sumido en la corrupción, con una intensa presencia de la delincuencia organizada, tráfico de drogas, inseguridad y violencia; acompañada de un severo retraso económico.

¿Suena, al lector, familiar este último escenario político, económico y social?

Hoy día, Singapur tiene un PIB similar a Suiza. Es un país seguro, con alta reputación entre los inversionistas… en fin un país desarrollado y con un alto nivel de orden social. Si bien es necesario reconocer que en ese país se impuso un régimen dictatorial que estableció una serie de reformas a costa de un gran sacrificio social, también es cierto que algunas de esas medidas bien pueden ser materia de reflexión, lo mismo que de adaptación, tomando en cuenta las circunstancias del país.

De entre ellas podemos destacar, mutatis mutandis:

1. La creación de un órgano único anticorrupción. En el contexto nacional consideramos necesaria la creación de una sola agencia autónoma e independiente de todos los poderes públicos, cuyos integrantes no hayan participado nunca, de manera directa o indirecta, en actividades partidistas o en sus organizaciones afiliadas o satélites.

De igual manera, es necesario que esa agencia tenga como única tarea prevenir, investigar y sancionar la corrupción ¡pública y privada!, en todos los niveles, incluyendo la Presidencia de la República y a las grandes corporaciones, nacionales o extranjeras, con fuente de riqueza en México. Y, por supuesto, que tenga facultades para dar seguimiento a los casos de corrupción, incluso hasta, en su caso, la ejecución de la sanción.

Sería necesario que tuviera atribuciones de investigación, con una policía propia, profesional, bien pagada y capacitada.

Pero, además, que su presupuesto (para que fuera verdaderamente una agencia autónoma) estuviera atado a un determinado porcentaje del PIB.

Estamos proponiendo, entonces, la creación de una Agencia Federal de Prevención e Investigación de la Corrupción.

2. La eliminación de fueros e inmunidades para todos los políticos. Esto debe incluir, desde luego, a diputados (federales o locales), senadores y a la Presidencia de la República.

3. Terminar con toda clase de financiamiento a los partidos políticos. Los recursos destinados a éstos, en todas sus modalidades, se han convertido en una fuente de desviación de recursos y de corrupción. Además de que son recursos públicos (en realidad, de todos nosotros) inútilmente desperdiciados.

De cualquier manera, todos (sí, todos) los partidos políticos, a fin de cuentas, obtienen recursos (“pasar la charola”, se dice en México), de empresarios y todo grupo de poder económico de este país, incluyendo a los grupos delincuenciales.

4. La reducción inmediata del Poder Legislativo Federal y de los locales. Como se sabe, México copió el sistema bicameral del norteamericano. Pero lo copió mal… mientras que los Estados Unidos de América (con tres veces más población y con un territorio tres veces más grande que el mexicano) cuenta hasta con 435 representantes (diputados) y 100 senadores… en México los diputados son 500 y los senadores 128. ¡Como para no creerse! Por ello, es necesario reducir esa burocracia innecesaria e inoperante.

5. El establecimiento, en la administración pública, de un sistema basado en el mérito. Esto requeriría de la generación de una “meritocracia”, en lugar de una simple burocracia. Con un sistema basado en la medición objetiva de logros personales; con la evaluación constante del desempeño y del cumplimiento de objetivos. Ésta sería la base de la carrera en el servicio público. Ello implica, de manera necesaria, pagar en función de los logros; y pagar bien a quien se desempeñe bien. La lealtad cuesta y hay que pagar por ella, para desincentivar la corrupción.

Por otra parte, la rotación de funcionarios y empleados, en sistemas altamente corruptos ha ayudado mucho a combatir ese fenómeno, pues es sabido que los corruptores tendrían, en muchos casos, que “pagar un doble cohecho”.

6. La selección real y verdadera (le llaman muchas veces “depuración”) de policías, ministerios públicos, defensores públicos y conciliadores. Se requiere, en todos estos ámbitos, de personal con los perfiles adecuados para el desempeño de funciones que han probado ser altamente delicadas para un adecuado equilibrio social.

Se ha hablado y, en teoría, se han invertido muchos recursos para la capacitación de estos importantes operadores del sistema de procuración de justicia.

Sin embargo, esto es insuficiente, demagógico y sólo para el consumo del discurso oficial.

Lo que se requiere son policías, ministerios públicos, defensores públicos y conciliadores con un perfil adecuado, con una carrera profesional ajena a las incertidumbres; pero sobre todo, y esto no puede pasar por alto, ¡con prestaciones y salarios competitivos! De no ser así, continuaremos con servidores públicos desmotivados, carentes de recursos y, por las propias condiciones del sistema, incentivados a la corrupción.

7. La profesionalización de la carrera judicial. Al igual que en otros poderes públicos, el mérito personal y no el apoyo de grupos de interés, debe ser la pauta para la formación de cuadros de los poderes judiciales, federal y locales. Es necesario contar sólo con personal de carrera.

Desde los primeros niveles, hasta los de más alta responsabilidad, deben ser asignados mediante el mérito y los concursos de oposición internos, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus integrantes.

Para ello, es indispensable contar también con consejos de la judicatura verdaderamente independientes y no refugio de políticos caídos en desgracia. En este sentido, proponemos que el 75% de sus integrantes sean magistrados federales, con más de 20 años de antigüedad en el cargo y sin ninguna queja en su contra por el desempeño de su función; mientras que el 25% podrían provenir de profesores de las universidades públicas, también con más de 20 años de antigüedad y con un reconocido prestigio.

Lo anterior podría generar condiciones propicias para la independencia de los poderes judiciales.

En forma complementaria, estimamos necesaria la rotación de jueces y magistrados, para no crear y, por el contrario, evitar la indebida generación de intereses en una determinada plaza.

8. El establecimiento de sanciones ejemplares. En los casos de corrupción, fuera de toda concepción demagógica de los “derechos humanos” (cualquier cosa que esto signifique) deben establecerse en ley y aplicarse sanciones severas. Al titular de esta página no le espanta, ni con mucho, que las penas para los corruptos vayan en un rango entre los 20 y los 50 años de prisión, sin derecho a libertad.

El corrupto hace su patrimonio de explotar la riqueza social, de manera indebida. Sin trabajar para ello. Es por eso que también, fuera de todo discurso barato sobre los “derechos humanos”, debe ser parte de la pena, el trabajo no remunerado en favor de la sociedad, durante todo el tiempo en que se compurgue ésta. Contra ello, podría haber muchos clamores en contra… argumentando regresividad y transgresión a tratados internacionales. Pero, a favor, está la supervivencia misma de la sociedad. Si es necesaria una reforma constitucional…¡que se realice!… una más a las 227 que ya existen; pero ésta sí de fondo.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de sanciones económicas y de la devolución de lo ilegalmente sustraído.

9. La educación como base de la lucha contra la corrupción. En los años 70 desaparecieron en México las clases de civismo, para, en su lugar, establecer un vacío de contenidos en la materia vaga denominada “ciencias sociales”. Después, en 1992 se reestableció sólo para la educación básica, con contenidos muy poco útiles, conforme ha demostrado la simple experiencia. Estimamos que es un craso error. Las normas de convivencia, el respeto a los demás, la observancia de las normas jurídicas, el cumplimiento de los deberes como condición para el ejercicio de cualquier derecho, el adecuado comportamiento de los grupos sociales, el respeto de la autoridad al gobernado y de éste a la autoridad que cumpla con su deber, propios del “civismo”, deben impartirse desde los niveles básicos hasta los superiores, con especial énfasis en la prevención y consecuencias de la corrupción.

10. Intensas campañas en medios de comunicación masiva. Gran parte de los tiempos del Estado en esos medios de comunicación, consideramos, deberían ser utilizados para difundir campañas en contra de la corrupción, en lugar de distribuir la promoción de los partidos políticos y sus candidatos, que, en la práctica han demostrado ser estériles e inútiles. De igual manera, la ley debe obligar a los medios de comunicación masiva, especialmente a los oligopolios, a difundir mensajes en contra de la corrupción y sus efectos, en horarios y/o páginas estelares.

Ésta es la visión, con convicción de que puede haber un mejor futuro, que el titular de esta página tiene sobre el tema.

No por mero decreto…No por mero decreto, cambiando todo para que todo permanezca igual…

Sí, en cambio, con medidas de fondo que, desde luego, podrían ser muchas más y, sin duda, mejores. Pero con algo hay que comenzar…

 

 

    • Muy estimado Rodrigo Mauricio Valle: ¿Por donde empezar? Estimo que por la sociedad civil. Es evidente que ningún partido político, político y sus organizaciones (de ningún signo y color), lo mismo que los grupos de interés afines a ellos, van a querer suscribir compromisos de esta naturaleza. Estimo que en la red (hoy día un medio muy poderoso de difusión), los ciudadanos sin ningún interés ni compromiso políticos, podemos difundir y exigir un 10 de 10 (que son las propuestas que me permito hacer), y a través de ello podríamos generar una intención verdadera de cambio.
      Invitaría, si existe algún diseñador entre quienes me hacen favor de seguir esta página, para elaborar un logo con la leyenda 10X10, “El cambio posible”, o algo así. Y luego “postearlo” cuantas veces sea necesario, de manera pacífica y respetuosa, como marca el artículo 8º de la Constitución.
      Parece limitado, pero las grandes cosas comienzan con pasos pequeños.
      Sinceramente, Dr. Humberto Enrique Ruiz Torres.

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