ESTA TESIS… ¡NO SE TOCA!… 2

En una fecha emblemática para muchos mexicanos, el 12 de diciembre, en este caso de 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis de jurisprudencia… sobre la jurisprudencia… bajo el rubro “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA”.

En esa tesis de jurisprudencia por contradicción, la Suprema Corte establece, en lo fundamental, que aun cuando alguna jurisprudencia de la Suprema Corte trasgreda un derecho humano (se utiliza el eufemismo “desatienda o contradiga”), un órgano inferior no puede dejar de aplicarla, so pretexto de hacer control de convencionalidad ex officio, pues entonces la jurisprudencia ya no sería obligatoria y se generaría una falta de certeza y de seguridad jurídica. (Para ver la tesis completa, remitimos al lector a la sección “Jurisprudencia al día” en este sitio.)

Es, pues, el sistema de precedentes, en su más dura expresión.

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SÍ… LOS PLENOS…SIGUEN SIENDO PLANOS 4

En una entrega anterior, dimos cuenta de la poca efectividad de los Plenos de Circuitos. Al respecto, nos permitimos remitir al lector al comentario publicado bajo el rubro “Unos Plenos (de Circuito)…un poco planos”. Sobre todo porque su razón de ser, se dijo en su momento, era aliviar la excesiva carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia (SCJN) mexicana

A casi año y medio de su funcionamiento, a pesar de una breve mejoría, los resultados son todavía insuficientes.

Entre julio de 2013 y noviembre de 2014 fueron emitidas 389 jurisprudencias por contradicción.

El Pleno de la SCJN resolvió 25 (esto es, un 6.43%). ¡Bien! Las Salas del mismo órgano 253 (65.03%). ¡Mal! Los Plenos de Circuito 111 (28.54%) ¡Peor!

Sí, han avanzado… un poco; sí…pero los Plenos…siguen siendo planos.

THE LEGAL FRAMEWORK OF MEXICO’S ENERGY REFORM 1

The first episode was brought about on December 20, 2013 when the constitutional reform was published.

Attention was drawn to the fact that the constitutional text in itself did not have significant changes to its articles 25, 27 and 28. On the other hand, the essential part of the reform was conformed, in contrast, by twenty-one transitory articles, when the legislative technique suggests (or supposes, or allows us to believe) that such types of articles are temporary and are only used to make the transition between one regime to the other. However, the current Mexican Constitution has never been a good example of the legislative technique.

Except for the foregoing…

In the general sense, the reform made a distinction between concessions (forbidden for hydrocarbons), allocations and agreements. If oil concessions where allowed, they would be granted by the State to individuals, so that they could manage, explore and distribute oil and other hydrocarbons. But allocations and agreements are different. The allocations shall be granted to the “State’s productive companies” (thus far, only to Pemex and the Federal Electricity Commission in a near future), and the agreements, to individuals. Both “productive companies” and individuals shall have the faculty to render the service of electric energy transmission and distribution, as well as the exploration and distribution of oil and other hydrocarbons (such as natural gas, condensates, natural gas liquids and methane hydrates), through service, profit-sharing or production-sharing agreements or licenses.

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UNA FALTA DE CONFIANZA… PARA LA REFLEXIÓN SERENA 1

Gráfica lamentable falta de confianza

De acuerdo con un sondeo realizado por este sitio, entre 356 participantes, casi un tercio de ellos (exactamente un 31.18 %) desconfía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El número más bajo en este sondeo de confianza en el poder público, correspondió a las policías estatales y del Distrito Federal con un 0.28 %, quienes compartieron exactamente la misma cifra con los Senadores. En este segmento, quedó también el Ministerio Público con un 0.84%

En el nivel siguiente quedaron los policías municipales, con un 1.12%, cercano a los Diputados, quienes alcanzaron un 1.4%. No lejos de ellos se ubicaron las policías federales con un 1.69%.

La Presidencia de la República quedó en un 3.93%.

Por contraste, el nivel más alto de confianza correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que sumó un 56.46%.

Sólo un 0.56 % se pronunció por confiar en todos los anteriores, mientras que un 2.25% lo hizo por “otros”.

Le invitamos a participar en nuestro siguiente sondeo de opinión.

Mientras tanto, queden estos datos… para la reflexión serena…

EL AMPARO ELECTRÓNICO…¿CIENCIA?…¿FICCIÓN?… ¿O SÓLO FICCIÓN? 4

El artículo 3° de la Ley de Amparo parecía poner el amparo mexicano a la vanguardia.

Con los aportes de la ciencia. Estableció que los escritos podrían presentarse en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información. Todavía más, determinó que la firma electrónica sería el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación e indicó que tendría los mismos efectos que la firma electrónica.

Hasta aquí todo sonaba muy bien… muy tecnológico.

Pero el propio artículo 3° se encargó de ubicarnos en la realidad. Estableció que las promociones que se presentaren de manera electrónica…¿Qué?… sí… está usted leyendo bien… ¡se imprimirán para ser incorporadas a un “expediente impreso”!

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NI DECLARATORIA…NI GENERAL…NI DE INCONSTITUCIONALIDAD (SEGUNDA PARTE) 3

La reforma publicada el 6 de junio de 2011, llevó, al fin, la declaratoria general de inconstitucionalidad al texto de la Constitución mexicana. Y fue la fracción II del artículo 107 la que le dio abrigo.

Muy mal abrigo, por cierto.

Primero, porque, como es sabido, condenó a los contribuyentes a seguir soportando toda clase de normas tributarias, aunque sean ostensiblemente inconstitucionales. Se estableció claramente en la Constitución, que, respecto de ellas, no procede hacer declaratoria general de inconstitucionalidad. Se estableció claramente, reitero, para que no quedara duda alguna… El rostro del positivismo jurídico en toda su expresión. Primera caída.

Segundo, porque en cuanto a las demás normas (es decir, las no tributarias), estableció un procedimiento muy tormentoso. Que consiste en que, cuando en amparo indirecto en revisión la Suprema Corte mexicana determine en dos sentencias consecutivas que una norma es contraria a la Constitución…entonces de inmediato…¿se declara su inconstitucionalidad?…No. De ninguna manera. Lo que procede es dar aviso de ello a la autoridad que emitió la norma cuestionada. Segunda caída.

Tercero. Si se llegare a establecer jurisprudencia, no con 2, sino con 5 tesis consecutivas (esto es, en jurisprudencia por reiteración) en las que se determine la inconstitucionalidad de una norma… ¿entonces, ahora sí?, ¿ya murió el principio de relatividad y con ello la mal llamada “fórmula Otero”?… Tampoco… Lo que debe hacer la Suprema Corte es notificar a la autoridad que emitió la norma para que en 90 días naturales. Sí, 90 días naturales (contando sábados y domingos y demás días inhábiles) corrija su falta. Tercera caída.

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NI DECLARATORIA…NI GENERAL… NI DE INCONSTITUCIONALIDAD (PRIMERA PARTE) 8

Durante muchos años fue un reclamo de litigantes, de estudiosos del derecho, de profesores de amparo, de derecho constitucional, de derecho administrativo y de derecho fiscal, entre otros, así como de algunos medios de comunicación y hasta de políticos, el hecho de que no existiera, en México, una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Se criticó, una y otra vez, el hecho de que una norma ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo obrara en provecho de quienes hubieren obtenido el amparo y protección de la justicia federal o a quienes en un futuro lo obtuvieren.

Hubo desgarramiento de vestiduras. Aunque no se dijera así, el villano de la historia resultó ser Mariano Otero y Mestas (1817-1850), jurista nacido en Guadalajara, México. Otero propuso, y así quedó establecido, en el artículo 25 Acta Constitutiva y de Reformas, de 1847, que las sentencia de amparo sólo protegerían a quienes lo solicitaran: “limitándose dichos tribunales [los de la Federación] a impartir la protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare.”

No… a la declaratoria general de inconstitucionalidad de leyes mediante el amparo. Así fue. A este principio se le conoció, de manera generalizada, como “fórmula Otero” o “principio de relatividad” de las sentencias de amparo. Fue muy criticado. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, los ataques fueron continuos y sin tregua.

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SALARIOS MÍNIMOS… TRATADOS MÁXIMOS… 6

En México, la clase política (no entiendo si eso de que “clase” se refiere a su estatus económico), los analistas económicos, sociales, y hasta los estudiosos del derecho, han puesto en la mesa de las discusiones el tema del aumento a los salarios mínimos.

Se ha dicho, con razón, que los salarios mínimos son violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ésta prevé en la fracción VI de su artículo 123 que: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes [¡sí suficientes!] para satisfacer los necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”.

También se ha dicho que México es el país con el mayor rezago en los salarios mínimos de toda América Latina; se ha expresado que es el más bajo entre los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE); se ha mencionado que el mismo no corresponde al nivel de la riqueza generada en el país… y,,. en este arduo camino, se ha discutido…a favor de su aumento…como también se ha rebatido en contra…

Sin duda que éste es un tema vital, necesario, ineludible, que no puede ni debe postergarse; por razones sociales, humanitarias y, sobre todo, de justicia…

Lo que llama poderosamente la atención es que en esta era en la que se han alabado y elogiado, casi al punto del fanatismo, los tratados internacionales sobre los “derechos humanos” (cualquier cosa que esto signifique), se ha menospreciado sistemáticamente el análisis de aquellos tratados que México tiene celebrados… ¡precisamente respecto de la fijación de salarios!

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EL AMPARO ADHESIVO…ES ADHESIVO…Y NO PEGA… (CUARTA PARTE) 6

El amparo, en general, tiene por objeto combatir actos de autoridad (y ahora también de “particulares”) contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México. El corazón del amparo deberían ser los conceptos de violación. En éstos, el afectado debería establecer los argumentos tendientes a combatir la inconstitucionalidad o la “intratabilidad” (¿qué no son “tratados”?) del acto u omisión que le causa algún agravio. Sí, un agravio, un daño en su ámbito de derechos; pero no combatir lo que ya resultó en su beneficio.

En la primera, segunda y tercera entradas que preceden a este comentario nos hemos ocupado ya de la naturaleza de los medios de defensa “adhesivos”.

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WHAT IS MEXICO’S SUPREME COURT OF JUSTICE OF THE NATION? 2

Mexico’s Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN) is the highest body of enforcement and construction of the national Constitution. In respect of “human rights,” it has the Inter-American Court of Human Rights (I/A Court H.R.) as higher court. The latter, at the SCJN’s sole discretion, was adopted during July 2011 and published on October 4 of the same year, when the SCJN resolved to subject itself unconditionally to the decrees of the I/A Court H.R.

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