La resolución 912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011 abrió un nuevo mundo para la aplicación e interpretación de la Constitución mexicana y de los tratados internacionales.

Pero …¿qué es la resolución 912/2010?

Comencemos por el principio.

912/2010 fue el camino, bastante incierto e inseguro, que tomó la Suprema Corte de Justicia para determinar qué hacer con la sentencia dictada por la soberbia, prepotente e invasiva Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra México, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. (Véase en este sitio el video “Una Corte casi Latinoamericana”).

La Suprema Corte mexicana (SCJN), a pesar de no haber sido notificada (como en su momento hizo notar el entonces ministro Salvador Aguirre Anguiano) se dio por enterada de esa sentencia (la de Radilla Pacheco) y le dio efectos inesperados.

En una serie de determinaciones aparentemente de avanzada (o al menos justificadas como tales), reconoció el carácter de cosa juzgada, de intocables, incuestionables y casi sagradas a las sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, aunque la CIDH se hubiere equivocado en toda la línea, en la forma y en el fondo, y que aún sus sentencias fueran arbitrarias e injustas… la SCJN determinó que nada se podía ni debía hacer más que…¡cumplirlas!

¿Es que no había otra opción para la SCJN mexicana? ¡Claro que la había!

Procedía reservarse el “derecho de admisión” bajo el principio ampliamente conocido y utilizado en derecho internacional del “margen de apreciación”. Lo que en palabras llanas quiere decir que si un país es notificado de una sentencia dictada por un tribunal internacional, al cual está sujeto, se reserva el derecho de analizar si el procedimiento y su sentencia fueron correctamente elaborados y dictados. Como consecuencia de ello, podría cumplir o no la sentencia.

Existía esa opción. En efecto. Sin embargo al gobierno federal mexicano, más que a la SCJN, le urgía tener la aprobación y beneplácito de la comunidad internacional. Bueno no de toda… si no la de los países poderosos… Quienes verdaderamente califican cuáles naciones están en el “Club de los Buenos”. De los que cumplen con los “derechos humanos” (cualquier cosa que esto signifique)… aunque aquéllos sólo los respeten a sus co-nacionales (o no co-nacionalales, pero económicamente influyentes) y bajo determinadas condiciones.

Y entonces… la SCJN… terminó aceptando el pleno dominio de CIDH… que, desde entonces, adquirió, nos guste o no, el estatus de Suprema Corte mexicana. Es decir, el rol de tribunal último, supremo e incuestionable en materia de “derechos humanos” (sic.).

Con ello ya parecía suficiente…

Pero no fue así, la SCJN se siguió de largo…

Determinó que los juzgadores mexicanos debían hacer un “control de constitucionalidad y de convencionalidad oficioso” (esto es, aunque las partes no lo pidieran). Lo que significa que los juzgadores debían determinar, en cada caso concreto, no sólo si se había violentado la Constitución o alguna norma del orden jurídico nacional, sino también investigar, por su cuenta, ¡todos (sí todos) los tratados internacionales ratificados por México! para determinar si respecto de ellos había existido alguna transgresión.

Suena casi a misión imposible. ¡Y vaya que lo es!…

La SCJN tuvo que aceptar la realidad y dar marcha atrás. Véase en este mismo sitio (por cierto en la columna derecha, parte inferior) el blog “Control ex officio…sí, pero con menos oficio” (otra manera de ingresar es simplemente dando clic en el vínculo que se subraya en color rojo).

Y decíamos que la SCJN se siguió de largo…

También renunció, de motu proprio (por propia voluntad, pues) al “control concentrado de constitucionalidad” que hasta entonces tenía como monopolio; a veces excesivo, pero, en la práctica, funcional. Lo que implicaba que el único órgano que podía declarar si una norma era constitucional o no era precisamente la SCJN. En reiteradas tesis de jurisprudencia así lo dejó muy claro.

Sin embargo en 912/2010 dio un giro de 180º al establecer que todos los juzgadores del país debían hacer ese control. Si bien no podían declarar que una norma violaba la Constitución y con ello los tratados internacionales, se dijo que podían “inaplicar” la norma cuestionada. Se le llamó “inaplicar”; pero en realidad equivale para la parte perdedora, una “declaratoria particular de inconstitucionalidad”; sin el eufemismo de “inaplicabilidad”.

Sea como sea, entonces, se estableció, con ello, el “control difuso” de constitucionalidad. Así pues, todos los jueces del país, se transformaron, de la noche a la mañana en jueces de constitucionalidad y, por tanto, de convencionalidad. Repetimos, para “inaplicar” el orden jurídico nacional y hasta el internacional.

De pronto, el 7 de abril de 2015 se produjo un cambio que, sin intención de satirizar podríamos llamar, ahora, un giro de¡360°! Que convirtió al control difuso en un control… falso, ingenuo y hasta inocente… para decirlo con claridad…en un control verdaderamente…¡iluso!

¿Por qué decimos esto?

Será materia de una siguiente entrega…